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INTERIOR ANULA LA EXPULSIÓN DE MALTRATADAS CON ORDEN DE PROTECCIÓN
Enviado el Sábado, 03 septiembre a las 22:11:02

Revista Extranjeria El Ministerio del Interior ha ordenado que se suspendan con carácter general los procesos de expulsión de las extranjeras en situación irregular que hayan denunciado malos tratos de su pareja y a las que el juez les otorgue una orden de protección.

La medida compatibiliza las leyes de Extranjería y de Protección de la Violencia de Género.
El Ministerio del Interior ha ordenado que se suspendan con carácter general los procesos de expulsión de las extranjeras en situación irregular que hayan denunciado malos tratos de su pareja y a las que el juez les otorgue una orden de protección. Además, ha instruido a la policía para que informe a las denunciantes de que, en el caso de recibir la tutela judicial, tienen el derecho a obtener un permiso de residencia temporal por motivos excepcionales. Si lo obtiene, la mujer no será expulsada; como mucho, será sancionada con una multa de menor cuantía por infracción de la ley de Extranjería.
La medida ha sido adoptada tras la constatación de que las denunciantes sin papeles -14.340 extranjeras presentaron denuncia en 2004- salían de comisaría con dos documentos, uno para protegerla de su pareja y otra para expulsarla del país.
La policía se había encontrado con un doble problema. La nueva ley de Medidas de Protección de la Violencia de Género, que entró en vigor el 29 de junio, obligaba a recoger la denuncia de la extranjera víctima de malos tratos y, a la vez, a abrirle procedimiento de expulsión en aplicación de la ley de Extranjería. "No podíamos hacer más que aplicar las leyes", aseguran fuentes de la Comisaría General de Extranjería y Documentación.
El Defensor del Pueblo y el Observatorio contra la Violencia de Género en Madrid ya protestaron a primeros de año por los casos de dos extranjeras que padecieron las contradicciones del ordenamiento. "No era fácil encontrar una fórmula para aplicar una ley sin incurrir en prevaricación por no aplicar otra ley", señalan las citadas fuentes.
El pasado julio, el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, dictó una instrucción de 10 folios para intentar conjugar ambas situaciones, que ha sido enviada a todas las comisarías de España. Lo prioritario, dice el documento, será prestar a la denunciante "las medidas de asistencia y protección" y enviar el caso al juez para, inmediatamente, informar a la denunciante "de su derecho a solicitar la autorización de residencia temporal tan pronto le sea concedida dicha medida [de protección] por el juez". Atendida la mujer, se iniciarán los trámites de la ley de Extranjería.
Es decir, hasta aquí todo seguirá funcionando como hasta ahora, por un motivo fundamental: que no se produzca una avalancha de denuncias de extranjeras que denuncien malos tratos ficticios para evitar su expulsión. La situación cambia en el momento en el que el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer o Juzgado de Instrucción toma la decisión de otorgar o no la orden de protección.
Si la resolución es negativa, entonces el expediente de infracción de la ley de Extranjería sigue su curso, hasta acabar en la expulsión (y prohibición de entrada en la UE durante 10 años) o en multa. La novedad estriba en que si el juez resuelve conceder alguna medida de protección a la mujer, la apertura del posible expediente de expulsión queda suspendida durante un mes.
Ése es el plazo que se da a la mujer protegida para que tramite la solicitud de "residencia temporal excepcional". "Lo normal", aseguran las fuentes consultadas, "es que, una vez que se le diga a una mujer maltratada y con orden de protección que puede acceder a la residencia temporal, la solicite inmediatamente, porque ése es el objetivo número uno de los inmigrantes que llegan o viven irregularmente en España".
La presentación de la solicitud de residencia supone la inmediata suspensión del procedimiento de Extranjería hasta que la Administración decida concederla o no. Debido a la acumulación de trabajo en la Administración, esto supone para la extranjera una tregua de entre tres y cuatro meses.
La concesión de la autorización de residencia, que lleva aparejado el permiso de trabajo, supondrá, obviamente, que a la mujer protegida no se la podrá expulsar y que, como máximo, se le impondrá una multa "cuya cuantía será la inferior de las señaladas como posibles por la ley para la infracción cometida". Esta fórmula permite conjugar la aplicación de las dos leyes, "porque se aplican las dos y ambas de la forma legal más favorable para la mujer", según las antedichas fuentes.
Cabe la posibilidad de que la Administración no conceda el permiso de residencia. En ese caso, se abren dos nuevas posibilidades, una contenida en la instrucción y otra ya contemplada en el Reglamento de la Ley de Extranjería. La primera opción es que la mujer sea expulsada, "salvo que el instructor [policial] aprecie otras circunstancias que aconsejen la propuesta de multa". La segunda se abre en el caso de que el juez haya dictado sentencia favorable a la mujer en el caso de maltrato o violación denunciado, ya que entonces se aplicará el artículo 45.4.a del Reglamento, que prevé que pueda obtener la residencia por motivos humanitarios.
En el caso de que la mujer protegida no haya presentado en el plazo de un mes la solicitud de residencia, la policía reactivará el expediente sancionador por infracción a la ley de Extranjería, que puede conllevar la expulsión. La mujer recibirá entonces un documento de aviso, que contendrá la advertencia de que si pide la residencia temporal en el plazo de 48 horas el expediente quedará en suspenso hasta que aquella se le conceda o no.

 
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