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SENTENCIA SOBRE ENCIERRO UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Enviado el Lunes, 19 septiembre a las 19:22:08

Jurisprudencia El TSJA anula la expulsión de uno de los inmigrantes encerrados en la Universidad "Pablo Olavide" de Sevilla en 2002. (Boletín Mugak 19/09/05).

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía asegura que el expediente de la Delegación del Gobierno presentaba numerosas irregularidades

ABC

SEVILLA. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha anulado la expulsión de España de uno de los inmigrantes que se encerraron en el verano de 2002 en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, porque el Gobierno realizó un expediente «incompleto, acelerado y con numerosas irregularidades». La sentencia de la sala de lo contencioso del TSJA afirma que el expediente de la Delegación del Gobierno contra este inmigrante presentaba «numerosas irregularidades» como contener «fechas manipuladas» y «evidentes divergencias en las firmas» de los funcionarios y del interesado. Según las irregularidades constatadas por el TSJA, el funcionario que instruyó el expediente y el secretario fueron el mismo, pese a que tales labores «por su naturaleza y funcionalidad son distintas» y no deben recaer en la misma persona. Además no existe constancia de que la propuesta de expulsión se notificase al interesado, como exige la ley, recuerda el TSJA.
Se ignoró las alegaciones
Por otra parte, el Gobierno «ignoró absolutamente» la alegación del inmigrante de que desde 2001 había presentado solicitud de permiso de trabajo y de residencia como estudiante, estudios que «efectivamente se estaban realizando». La sentencia recuerda que existe una amplia jurisprudencia según la cual la Administración no puede expulsar a un inmigrante que haya iniciado el trámite de regulación porque «no cabe equiparar la conducta de quien elude los controles administrativos y quien acredita su cumplimiento, como en este caso».
Unos 400 inmigrantes se encerraron en junio de 2002 en la Pablo de Olavide y su número fue variando hasta que los últimos 200 fueron desalojados el 9 de agosto. El Defensor del Pueblo andaluz medió en la regularización de 145 que estaban en condiciones de obtener el permiso de residencia, y el resto -entre ellos el que ahora ha ganado el pleito judicial- fueron expulsados por «infracción grave» regulada en la Ley de Extranjería. Este inmigrante fue expulsado el 17 o el 27 de agosto de 2002 -pues ambas fechas figuran en el expediente- y no ha regresado oficialmente a España.

 
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