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LA FRONTERA HISPANO-FRANCESA
Enviado el Miércoles, 29 noviembre a las 11:35:42

Revista Extranjeria El Defensor del Pueblo investiga supuestas irregularidades en expulsiones de inmigrantes a Francia

El Defensor investiga supuestas irregularidades en expulsiones de inmigrantes a Francia

- La institución advierte a Interior que no puede denegar la entrada sin garantizar la asistencia letrada a los irregulares.
Madrid, 28 nov. (COLPISA, Melchor Sáiz-Pardo).

El Defensor del Pueblo ha abierto una investigación sobre supuestas irregularidades en las denegaciones de entrada a miles de inmigrantes extracomunitarios en la frontera francesa. La oficina que dirige Enrique Múgica pidió el pasado 16 de noviembre a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil, que dirige Joan Mesquida, toda la información sobre las expulsiones de ‘sin papeles’ y sobre los controles en frontera en busca de irregulares. Unos dispositivos que además debían haber cesado el pasado octubre con la entrada en vigor del reglamento que desarrolla el Tratado de Schengen de 1985.
En un informe oficial del Defensor -elaborado hace diez días por la adjunta primera de la oficina, María Luisa Cava de Llano- la institución advierte al Ministerio del Interior que no puede continuar impidiendo la entrada a supuestos inmigrantes ‘sin papeles’ sin garantizarles la asistencia letrada ni un interprete en el caso de que no hablen castellano.
El Gobierno, el 8 de septiembre, reformó por sorpresa y sin publicidad el reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería para intentar dar cobertura legal a estas expulsiones instantáneas. La nueva redacción del texto, según la reiterada interpretación de Interior, sólo obligaba a la policía a informar del derecho al abogado, pero en ningún caso a facilitar a cada inmigrante un letrado para su defensa. Es más, Interior dio instrucciones a los puestos fronterizos para que siguieran denegando la entrada de los inmigrantes como antes, con la sola advertencia al extranjero de que podía recurrir su expulsión ante las embajadas y consulados españoles de su país de origen.
El Defensor entiende que esta práctica podría ser irregular. Según el documento firmado por Cava de Llano, la institución ya ha hecho saber a Interior que ni el acuerdo de repatriaciones hispano-francés ni cualquier otro, ni siquiera la reciente reforma del reglamento, “eximen a las autoridades españolas de dictar resolución motivada con indicación de recursos” ni “constituyen una excepción en cuanto al régimen de garantías de asistencia letrada y de interprete que prevé la Ley de Extranjería con carácter general para todos los casos de denegación de entrada”.

Investigación anterior

El Defensor del Pueblo, que se ha comprometido ante los colegios de abogados a informar sobre los resultados de su investigación, también revela en su documento oficial que ya en abril de este año pidió a la Dirección General de la Policía explicaciones de cómo se estaban realizando esos rechazos en fronteras. Interior contestó entonces que existía una “singularidad en las devoluciones de extranjeros” que se llevan a cabo en virtud del acuerdo hispano-galo de 2002 y que esas “singularidades (a juicio de la Policía) se extienden al régimen de garantías, muy especialmente a la asistencia letrada y a la asistencia de interprete”.
Esa particular interpretación de la Ley de Extranjería y de los derechos de los inmigrantes que llegan desde Francia que hace el Ministerio del Interior es la que ahora investiga el Defensor, explicaron fuentes cercanas a la oficina de Enrique Múgica.
Desde el comienzo de estas devoluciones instantáneas de inmigrantes en la frontera francesa (especialmente de rumanos y búlgaros), varios colegios de abogados y el sindicato mayoritario de la policía, el SUP, han venido denunciando la falta amparo legal de estas operaciones, incluida la posibilidad de que los agentes pudieran ser acusados de detenciones ilegales. Sólo el pasado año, España solicitó al país vecino la readmisión de 52.017 inmigrantes irregulares, en virtud del acuerdo cuya aplicación es ahora cuestionada por el Defensor del Pueblo.



 
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