TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: EXTRANJEROS CONDENADOS
Fecha Martes, 18 abril a las 18:54:49
Tema Jurisprudencia


El TC rechaza que la cárcel sea la única vía para los inmigrantes condenados a los que no se puede expulsar

ABC.ES SEVILLA

NACIONAL
EDICIÓN IMPRESA - Tribunales
El TC rechaza que la cárcel sea la única vía para los inmigrantes condenados a los que no se puede expulsar
El Supremo anuló en 2004 la expulsión automática de extranjeros condenados a menos de 6 años y obligó a los jueces a individualizar y motivar la medida

C. MORCILLO
MADRID. El artículo 89 del Código Penal, reformado por el PP en 2003, vuelve a suscitar dudas constitucionales. El precepto establece la expulsión del territorio español, en lugar de su ingreso en prisión, de aquellos inmigrantes que se encuentren irregularmente en España y hayan sido condenados a menos de seis años de cárcel.
Pero, ¿qué ocurre si esa expulsión no se puede llevar a cabo? ¿Debe ser encarcelado el inmigrante o es posible otra medida como ocurre con los españoles o los residentes legales? Con ese planteamiento el Juzgado de lo Penal número 3 de Alicante presentó una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en relación con el último párrafo del 89.1 que establece: «En el supuesto de que, acordada la sustitución de la pena privativa de libertad por la expulsión, ésta no pudiera llevarse a efecto, se procederá al cumplimiento de la pena privativa de libertad originariamente impuesta o del periodo de condena pendiente».
El TC no ha admitido a trámite dicha cuestión y ha dictado un auto en el que respalda que se puedan adoptar medidas alternativas a la cárcel para un extranjero ilegal delincuente, que no puede ser expulsado, al margen de las causas por las que la expulsión sea inviable.
Para el titular del Juzgado de Alicante el ingreso en prisión del extranjero podía resultar inconstitucional por introducir un tratamiento «discriminatorio». El hecho que suscitó la cuestión fue la condena de un extranjero a seis meses de prisión por un delito de lesiones en el ámbito familiar. Se acordó expulsarlo tres años, pero fue imposible puesto que el penado no tenía documentos y no se podía acreditar su país de origen.
El Pleno del TC argumenta que la redacción del Código Penal resulta «plenamente razonable» porque al no poder llevarse a cabo la expulsión, «es lógico que la pena privativa de libertad retorne al primer plano». Pero añade a continuación que esto no es «en modo alguno obligado» y «cumplimiento» no es sinónimo de ingreso en prisión. El inmigrante puede acceder a la sustitución de esa medida «por otras menos gravosas en las mismas condiciones que los penados españoles o extranjeros con residencia legal».
La expulsión automática de extranjeros irregulares que hayan sido condenados vuelve así a cuestionarse. El Tribunal Supremo la anuló en julio de 2004 y obligó a los jueces a individualizar y motivar en cada caso la aplicación de la medida, previa audiencia con el extranjero. Además, el TS recordó que el artículo 89 ha sido reformado tres veces y cada una ha supuesto «una versión más endurecida contra los inmigrantes ilegales condenados».





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